A raíz de una nueva fake news en Formosa, difundida desde algunos medios donde aseguraron que una mujer fue desalojada arbitrariamente, el Ministerio de la Comunidad provincial recordó el procedimiento por el que una familia adjudicataria puede perder el módulo habitacional que le otorgó el Estado y cómo es la política de reasignación de módulos habitacionales que fueron abandonados.
El abogado Fabio Paredes, asesor del Programa Mejor Calidad de Vida, dependiente del organismo, acotó que “no solo los módulos habitacionales, sino también las viviendas del IPV están ante un permanente control de ocupación por parte del Estado, ya que nos encontramos en una situación de emergencia habitacional, con muchas familias vulnerables que no tienen un lugar para vivir”.
El letrado se refirió al caso de una vecina llamada Ana Mariela Díaz, quien se presentó en diciembre en la sede del programa, manifestando que viajaría al sur, sin límite de tiempo sin dejar ninguna persona como encargada.
“Me pareció ya sospechosa esta situación, por eso personalmente realicé un seguimiento, ella argumentaba que su madre estaba con problemas de salud, lo que en el expediente no está acreditado debidamente, ya que únicamente adjuntó estudios médicos básicos, que no justificaban su incomparecencia”, precisó.
Dijo que en el expediente existen tres denuncias por abandono del módulo y explicó que ante esto “me constituí personalmente y no pude constatar una vida de familia”.
El abogado detalló que la última visita fue el 21 de marzo, tres meses luego de su ausencia, donde se corroboró el intento de usurpación del módulo, ya que se habían forzado las cerraduras y el portón principal de acceso.
La última visita fue el 21 de marzo, tres meses luego de su ausencia, donde se corroboró el intento de usurpación del módulo.
“No existían muebles ni enseres personales, por lo cual tras comunicación constante que tuvimos con esta mujer, y los numerosos indicios aportados al expediente, surge que hizo un abandono liso y llano del inmueble”, aseveró.
A su vez, en el expediente consta que su conviviente se presentó en la oficina pública manifestando que la mujer se ausentó al sur, no sabiendo donde estaban los niños y que el módulo se encontraba abandonado, razón por la cual, el Estado avanzó en la readjudicación de la unidad habitacional.
En este caso, el módulo ubicado en el barrio Lote 111, fue otorgado a una familia en situación de vulnerabilidad social, con una mujer con serios problemas de salud y un hijo con discapacidad.
Explicó además que la antigua adjudicataria presentó por mesa de entradas del Ministerio un reclamo para lograr el reintegro de su módulo a lo que aclaró que no sucederá.
“El expediente administrativo se hizo respetando las garantías del debido proceso, se han cumplido las etapas cumplidas en la legislación y dentro de las atribuciones que nos da la ley, el Ministerio readjudicó el módulo a una familia en situación de vulnerabilidad social”, detalló.
Finalmente, Paredes señaló que el Programa Calidad de Vida tiene 5.800 solicitantes inscriptos, por lo que “no nos podemos dar el lujo de tener módulos vacíos o en situación irregular”.
“Como en este momento no contamos con módulos disponibles, estamos recuperando aquellos que no se ocupan en la condición que deben”, declaró la funcionaria provincial.
“Cada adjudicatario firma el acuerdo, ante la no utilización del destino para el que se le dio, el Ministerio tiene la potestad de recuperarlos para reasignar. No hacemos desalojos, sino recuperos para la reasignación a otras familias muy vulnerables, en espera”, insistió Giménez.
Por último, añadió que durante el año 2022, se realizaron 95 recuperos de módulos, que fueron reasignados a familias con niños o personas con discapacidad, mujeres que sufrieron violencia de género, con alta vulnerabilidad.
Fuente: Agenfor
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