Amanda Encaje y Néstor Blas Vivo fueron asesinados el 8 de abril de 1992 en Resistencia, Chaco. Ambos trabajaban en la empresa Supercemento S.A., ella como secretaria administrativa y él como director. Su brutal crimen, que incluyó torturas y otras vejaciones, conmocionó a todo el país pero la Justicia nunca halló a los culpables.
Ahora, el Estado chaqueño deberá incorporar una serie de acciones para garantizar que las víctimas y familiares de crímenes como estos tengan acceso a la Justicia. A su vez, el Estado deberá asumir públicamente la responsabilidad en un acto reparatorio hacia familiares de Encaje y Vivo.
Desde el momento del crimen y al ver que no se lograba dar con los culpables, los familiares de las víctimas advirtieron que tanto la investigación policial como la judicial estuvieron “plagadas de errores y callejones sin salidas”.
Denuncia internacional por el crimen de Amanda Encaje
La causa fue declarada prescrita a los 15 años de haber sido abierta. Los asesinos quedaron totalmente impunes ya que la Justicia nunca pudo avanzar lo suficiente con la causa. Por eso en 2008, la familia llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH es una instancia superior incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, que dio rango constitucional a los tratados internacionales suscriptos por Argentina.
En la solicitud, los familiares de Encaje advirtieron que se trató de un “crimen mafioso” por no haber accedido al pago de coimas por la adjudicación de obras públicas a la empresa Supercemento, una hipótesis que no pudo ser comprobada por la Justicia provincial. También apuntaron contra el poder político y económico de la época.
Tras declarar admisible el caso y analizarlo, la CIDH determinó que el Estado provincial era responsable y que se debía llegar a una resolución reparatoria de lo sufrido por las víctimas.
Responsabilidad del Estado
En abril de este año, el gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, y miembros de la familia de Amanda Encaje firmaron el acta compromiso para llegar a una resolución amistosa del histórico caso, que será posteriormente homologada por el Gobierno Nacional.
Desde entonces, miembros de distintas áreas del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad y Justicia, y representantes de la Legislatura llevan adelante encuentros para trazar políticas públicas que reparen el daño a familiares de Amanda Encaje y Néstor Vivo.
Así, el Estado reconoce públicamente su responsabilidad por la denegación de justicia en este crimen. Ahora resta la publicación del Acuerdo de Solución Amistosa a la que deben llegar las partes, según la CIDH.
Políticas públicas reparatorias
Entre los puntos de la solicitud realizada ante la CIDH, se le exige a la Justicia provincial analizar la viabilidad de la reapertura de la causa penal por los homicidios. La familia de Amanda Encaje mantiene la esperanza de poder hallar a los responsables del hecho.
También proponen la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, con dedicación exclusiva de las personas víctimas de delitos. Los diputados provinciales ya están trabajando en este proyecto de ley, con la esperanza de poder aprobarlo este año.
El acta acuerdo propone también la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos. Así, Chaco sería una de las primeras provincias del país en promover la defensa e investigación de delitos aberrantes de difícil investigación.
Asimismo, la familia de Amanda Encaje aclaró que no pretenden reparaciones económicas sino que sus pretensiones están relacionadas con las carencias de la investigación judicial.
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