Desde el momento en que las personas trans deciden su identidad a muy temprana edad son excluidas sistemáticamente, sufren violencia simbólica, son echadas de sus casas, son objeto de burla y ridiculización en las instituciones escolares. Esta exclusión está íntimamente relacionada con el promedio de vida de la población trans (de 35 a 40 años) y debido a que reciben discriminación en el sentido más amplio: no tienen acceso a la salud, al mercado laboral, así como también los delitos de odio (travesticidio).
En lo que respecta a lo laboral, más del 90% de las trans en Argentina no tienen trabajos registrados, y la mayoría asegura que es por discriminación a su identidad. Según el informe desarrollado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo para la Diversidad (COPADI) y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) entre otros, 6 de cada 10 de las mujeres travestis-trans terminan ejerciendo la prostitución como única alternativa. Al no conseguir un ingreso económico en un marco legal, hacen lo que pueden para subsistir en la calle y carecen absolutamente de derechos laborales.
El Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), organización que milita en contra de la discriminación, fundamentalmente hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Trans e Intersex (LGBTI) creado por la activista Diana Sacayán fue el motor del proyecto de Ley de Cupo Travesti Trans.
El decreto presidencial viene a legislar lo que desde hace años se debate en el Congreso Nacional. El proyecto de ley de cupo laboral trans, que busca instituir un cupo laboral del 1% de los cargos de la administración pública nacional para travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans, fue presentado por el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán en 2016, pero perdió estado parlamentario. El proyecto se volvió a presentar el 13 de julio de 2018 y logró ingresar en la Cámara de Diputados de la Nación avalado por la firma de más de 40 diputados y diputadas de seis bloques legislativos.
En la actualidad en Argentina hay tres proyectos de ley para promover el cupo laboral travesti-trans a nivel nacional. Los tres fueron presentados el 5 de marzo en la Cámara de Diputados.
Cupo laboral trans en el NEA
La realidad en las provincias del NEA es heterogénea.
En Misiones la Legislatura analiza en comisiones un proyecto de Ley de Cupo Laboral Travesti Trans que prevé que el 1% de los cargos del Estado provincial sean ocupados por personas trans-travesti y transgéneros.
En Formosa, la organización Red Diversa Positiva Formosa presentó un proyecto en marzo de 2017 que no prosperó.
En todo el país sólo cinco provincias (de las 23 + Ciudad de Buenos Aires), aprobaron legislaciones provinciales al respecto, pero ninguna la cumple todavía. Este es el caso de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe.
En Buenos Aires, se aprobó en la Legislatura una normativa provincial (Ley 14.783), impulsada también por Diana Sacayán, el 17 de septiembre de 2015. A menos de un mes de su aprobación, la activista tucumana fue asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. La Ley 14.783 permaneció cajoneada en la Legislatura provincial y fue finalmente reglamentada en diciembre de 2019. Pese a su aprobación, en la práctica aún no se ven reflejados los objetivos de la normativa. A continuación, podés ver el pdf de la ley de cupo laboral trans en la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Chubut aprobó el 17 de mayo de 2018 la ley de cupo trans que establece que el 0,5% de los cargos en el Estado sean empleados por personas trans. No obstante, la normativa quedó frenada para su reglamentación en el Ministerio de Familia. Pese a eso, se presentó en todas las ciudades de la provincia, pero en la única que se reglamentó y la cumple es Comodoro Rivadavia, a la vez de que existen casos como ciudades como Trelew en las que hay personas trans trabajando pero no por cupo, tornando endeble y contingente su situación.
En 2018, la legislatura provincial de Río Negro aprobó un proyecto consensuado con las organizaciones que establece que, como mínimo, un 1% del empleo público debe ser para personas “travestis, transexuales y transgénero mayores de 16 años de edad que hayan o no accedido al beneficio de rectificación registral dispuesto por la ley nacional”. A nivel municipal hay cupo en Cinco Saltos, Bariloche, San Antonio Oeste, Cipoletti, Luis Beltrán, Río Colorado, Viedma, y la Universidad Nacional del Comahue, y hasta la actualidad solo se ha implementado en Bariloche y Viedma.
Chaco aprobó la ley provincial (Ley 2.934) después de mucho trabajo de activistas y organizaciones el 14 de noviembre de 2018. Desde la fecha de sanción, el Ejecutivo no reglamentó ni implementó la normativa. En septiembre de 2017, Resistencia, la capital chaqueña, aprobó su propia ordenanza para garantizar la inserción laboral de las personas trans a partir de un proyecto.
La Legislatura de la provincia de Santa Fe determinó por ley que el Estado Provincial ocupe en su personal de planta permanente, transitoria y/o contratada, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de personas que hayan procedido a la rectificación registral de sexo, nombre e imagen, en el territorio provincial.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), si bien no hay una ley, existe un fallo que la justicia porteña ordenó al Consejo de la Magistratura para reglamentar el cupo laboral travesti trans previsto en la Ley de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI). Esa norma se aprobó en 2012, mismo año que la Ley de Identidad de Género.
Visibilizar la realidad que atraviesa este colectivo es sumamente importante. Más allá de la lucha y militancia cotidiana de la comunidad trans en los municipios y provincias, la realidad dista de ser homogénea en cada rincón del país, por lo que el decreto viene a garantizar derechos laborales a personas que sufren exclusión y estigma social por haber renunciado a su género asignado al nacer.
Pero además del decreto, se requiere de una ley integral que no solo capacite debidamente a las instituciones para evitar la discriminación de la población trans, sino también de pensar estrategias de inserción laboral como cualquier sujeto que ejerce su ciudadanía.
